A pesar de los marcos regulatorios diseñados para prevenir el daño medioambiental, el uso de pesticidas se sigue relacionando con la disminución de las poblaciones de insectos, aves y especies acuáticas, un resultado que plantea dudas sobre la eficacia de los procedimientos regulatorios actuales. En un Foro de Políticas, Christopher Topping y sus colegas argumentan que esta discordancia entre las políticas sobre pesticidas y sus impactos observados proviene de las antiguas regulaciones de Evaluación de Riesgos Ambientales (ERA), que no se han mantenido en línea con las políticas ambientales y con la ciencia que describe nuestra realidad ecológica actual. Tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, las directrices básicas de ERA ya tienen décadas de antigüedad y se basan en suposiciones que tergiversan los sistemas ecológicos dinámicos de los paisajes agrícolas modernos. Por ejemplo, la ERA por lo general no tiene en cuenta el hecho de que el cambio climático, la pérdida de hábitat y la homogeneización del paisaje a gran escala pueden agravar el impacto negativo de los pesticidas. Según los autores, se requiere una revisión radical de la ERA para implementar un marco normativo que ofrezca una protección ambiental adecuada. Topping et al. proponen un enfoque más holístico e integrado, basado en sistemas para la regulación de pesticidas, que sería más capaz de alinear múltiples prácticas agrícolas con factores agroecológicos dinámicos en la regulación de los plaguicidas. Si bien este cambio radical requeriría acometer cambios profundos en las estructuras administrativas y una reevaluación de las normativas actuales de protección, la ciencia fundamental, la tecnología y los datos necesarios para respaldar dicho sistema ya están disponibles, según afirman los autores.
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